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Justin Roiland, de Rick & Morty, fue despedido por cometer violencia doméstica
Rick & Morty, la popular serie animada de Adult Swim, se ha quedado sin uno de sus creadores, ya que Justin Roiland fue despedido por cometer actos de violencia contra una mujer.
Las polémicas entre los creadores de este show siguen dando de que hablar, ya que no es la primera vez que ocurre una situación similar entre el equipo detrás de las bizarras aventuras de Rick y su nieto Morty.
En 2018, Dan Harmon, co-creador de la serie, estuvo a punto de ser despedido por Adult Swim a raíz de un polémico video bastante ofensivo.
Sin embargo, el director se disculpó públicamente y el estudio decidió perdonarlo, haciendo que la serie ahora ya lleve 6 temporadas al aire.
Pero en el caso de Justin, quien fue acusado de de violencia doméstica y acoso a una joven, la situación fue distinta, ya que el estudio de animación tomó la decisión de cortar relaciones con el director.
Roiland, además de ser una de las mentes detrás del show animado, ponía la voz a Rick Sánchez y Morty Smith, pero ahora se buscarán nuevos actores para interpretarlos.

Acusación
En 2020, Roiland fue acusado de violencia doméstica, pero se declaró inocente y no hubo más complicaciones.
Pero la gota que derramó el vaso fue hace poco, ya que una joven declaró que había sido acosada por Justin e hizo públicos mensajes de texto que le envió en 2015, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con Newsweek, Roiland podría ir siete años a prisión por los cargos de “agresión doméstica con lesiones corporales y encarcelamiento ilegal por amenaza, violencia, fraude y/o engaño”.
Según indicó The Hollywood Reporter, Dan Harmon será el único showrunner hasta la temporada 10, que es hasta donde está confirmada la serie.
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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).
En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.
Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.
En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.
¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?
El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)
Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.
Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.
La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.
En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.
De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.
El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.
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