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Uber señala limitantes de la reforma laboral a repartidores de apps
Uber se dice en favor de aumentar la seguridad de los repartidores de aplicación, sin embargo no ven viable el proyecto presentado.
La reciente propuesta de reforma laboral para repartidores de aplicaciones como Uber ha despertado diversas opiniones en el sector. Sobre todo entre los repartidores inconformes y las propias plataformas digitales.
La iniciativa busca otorgar a los trabajadores seguridad social, acceso al Infonavit y seguros contra accidentes. De acuerdo con lo planteado, no se sacrificaría la flexibilidad de horarios ni la opción de trabajar en múltiples plataformas.
Uber señala inviable adoptar las nuevas medidas
Sin embargo, Uber ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos clave. Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber México, afirmó en una entrevista que sí apoyan la idea de mejorar las condiciones de los trabajadores, la propuesta actual es inviable.
“La propuesta que conocimos ayer requiere perfeccionamiento y un diálogo más amplio. Tal como está planteada, no es viable” señaló Sánchez.
Explicó que el modelo de protección social se basa en trabajos tradicionales, lo que no encaja con la dinámica de las plataformas.
Según Sánchez, el 70% de los conductores de Uber se conecta menos de 10 horas a la semana.
“Un sistema pensado para jornadas de 48 horas no es realista para alguien que trabaja dos horas al día”, argumentó.
También destacó que muchos repartidores complementan otras actividades y valoran la flexibilidad que ofrecen estas plataformas.
Los repartidores no se encuentran conformes con lo planteado
Por su parte, Saúl Gómez, vocero del colectivo “Ni Un Repartidor Menos”, expresó que los repartidores temen perder su independencia laboral con la reforma.
Aunque algunos beneficios suenan atractivos, muchos de estos trabajadores no alcanzan el salario mínimo mensual, lo que dificultaría su acceso a los mismos.
La propuesta pone en el centro del debate la necesidad de adaptar los derechos laborales a la nueva economía digital, pero también deja entrever los desafíos que implica reformar un sector con tanta diversidad en sus formas de trabajo.
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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).
En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.
Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.
En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.
¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?
El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)
Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.
Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.
La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.
En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.
De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.
El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.
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