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Médico de Matthew Perry se declarará culpable por muerte del actor

Al menos dos de los médicos de Matthew Perry, se declararán culpables por el fallecimiento del actor de Friends.

Publicado

hace 9 meses

el

Tras la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, comenzó una investigación en la que los sospechosos resultaron ser algunos de sus médicos. Recientemente, Salvador Plasencia, el principal de los médicos procesados, dio a conocer a través de un comunicado que planea declararse culpable ante la Fiscalía en las próximas semanas.

Se lo acusa de proveer ketamina al actor, a pesar de ser consciente de que sufría adicción a la sustancia. Por el delito de distribución podría enfrentar hasta 40 años en una prisión federal.

Aunque Plasencia no es el único médico procesado por el caso, se lo acusa de desempeñar un papel central. La Fiscalía lo señala por aprovecharse del actor cuando ya sabía que estaba enfermo.

Perry habría consumido ketamina bajo órdenes médicas con el fin de tratar su depresión. Sin embargo, en 2023 tuvo una recaída y la droga se la proporcionaban médicos que la fiscalía calificó como “sin escrúpulos”.

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Un segundo médico, llamado Mark Chavez, ha admitido que era quien proporcionaba la ketamina a Plasencia.

Según las investigaciones, Chavez conseguía la droga y posteriormente Plasencia acudía al domicilio del actor a administrársela.

Derivado de las investigaciones también se descubrió que Matthew Perry pagaba por la ketamina 2 mil dólares por frasco, cuando normalmente cuesta 12 dólares.

Además de los 2 médicos hay otras 5 personas sospechosas. Entre las que se encuentra Jasveen Sangha, una traficante que en Hollywood es conocida como “La reina de la ketamina”.

Matthew Perry llevaba años lidiando con la depresión

Detrás del personaje que lo hizo famoso, el actor sufría adicción a los medicamentos y al alcohol.

Él mismo confesó haber participado en más de 60 sesiones de rehabilitación. Además tuvo intervenciones quirúrgicas relacionadas a sus adicciones.

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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

Publicado

hace 2 días

el

03/03/2026

Por

INE organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).

En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.

En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.

¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?

El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)

Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.

Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.

La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.

En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.

De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.

El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.

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