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México avanza hacia la jornada de 40 horas: oportunidad para repensar el modelo laboral, indica Buk

La reforma a la jornada laboral debe ir acompañada de un rediseño profundo en la forma en que las organizaciones miden la productividad y cuidan el bienestar de sus colaboradores.

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La aprobación en el Senado de la República de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales marca un momento histórico para el mercado laboral mexicano. Más allá de un ajuste en el número de horas trabajadas, esta decisión abre la puerta a una conversación más profunda sobre cómo entendemos, medimos y gestionamos la productividad en el país y el impacto en el bienestar de los colaboradores.

“Esta reforma representa una oportunidad para impulsar una transformación estructural del trabajo en México. El desafío no es únicamente reducir horas, sino hacerlo con equilibrio: fortalecer el bienestar de las personas sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni la generación de empleo formal”, indica Estela Martínez, Head de People de Buk, plataforma integral para la gestión de talento.

De acuerdo con Buk, uno de los mayores retos será implementar la reforma paso a paso y brindar apoyo técnico a industrias clave, así como a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya que son el principal motor de la economía del país.

Dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se mantiene como la nación donde más horas se trabajan al año. Según cifras del organismo, cada persona ocupada labora en promedio más de 2,226 horas anuales, lo que representa aproximadamente 500 horas adicionales respecto al promedio registrado en las economías más desarrolladas.

Diversos organismos empresariales han advertido que una transición abrupta podría generar presiones financieras significativas, con riesgos como cierres de negocios, despidos o un aumento de la informalidad. Sin mecanismos de transición adecuados, estos riesgos podrían intensificarse.

“La experiencia internacional demuestra que es posible avanzar hacia esquemas de jornada reducida sin sacrificar eficiencia” comenta Estela. En Chile –donde se fundó la empresa– la reducción progresiva de 45 a 40 horas ha mostrado avances relevantes en un corto periodo, apoyados en estrategias escalonadas, digitalización de procesos y una gestión centrada en resultados. En Colombia, donde la reducción a 42 horas avanza de manera gradual hacia 2026, los primeros análisis apuntan a que la productividad no se ha visto afectada, particularmente en sectores con mayor nivel de adopción tecnológica.

Estos casos sugieren que la clave no radica únicamente en el número de horas trabajadas, sino en cómo se organizan, distribuyen y gestionan. 

La reforma a la jornada laboral debe ir acompañada de un rediseño profundo en la forma en que las organizaciones miden la productividad. Esto implica migrar de modelos basados en el tiempo de permanencia hacia esquemas enfocados en el cumplimiento de objetivos, resultados medibles y eficiencia operativa. 

La colaboración entre el gobierno y el sector privado también será crucial para diseñar programas de acompañamiento técnico, incentivos y esquemas de transición que permitan a las empresas adaptarse sin poner en riesgo su viabilidad.

Aunque el camino legislativo de esta reforma continúa hasta su aprobación total, es una invitación a repensar el trabajo en México para construir entornos más saludables, productivos y sostenibles. 

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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

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INE organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).

En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.

En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.

¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?

El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)

Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.

Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.

La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.

En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.

De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.

El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.

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