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Consorcios chinos participan en licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas

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Empresarios del sector construcción manifestaron inquietud ante los “precios atípicos” presentados en la licitación para el diseño y construcción de 8.854 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, específicamente en el segmento 15 “A1” de la Zona Metropolitana de Monterrey. El resultado del proceso será anunciado el próximo lunes, cuando la autoridad federal emita el fallo correspondiente.

La licitación ha llamado la atención del sector privado debido a que, pese al objetivo del Plan México de impulsar el contenido nacional en compras públicas, el Gobierno federal permitió la participación de dos consorcios integrados por empresas chinas. El proyecto forma parte de la estrategia ferroviaria impulsada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Según el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la SICT, en el proceso participan siete grupos. Entre ellos destacan dos consorcios con presencia china: el Grupo III, conformado por China Civil Engineering Corp. y Aldesa Construcciones, y el Grupo VII, integrado por Powerchina International Group Limited y Sinohydro México.

Inquietud en la industria nacional

Representantes del sector de materiales y construcción expresaron preocupación ante el resultado de la licitación. Uno de ellos, que solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que existe inconformidad dentro del sector empresarial, ya que la resolución del proceso se dará a conocer en los próximos días.

El empresario consideró contradictorio que el Plan México promueva el fortalecimiento de proveedores nacionales y la sustitución de importaciones, mientras que en obras públicas de gran escala participen empresas extranjeras con propuestas que podrían desplazar a compañías mexicanas. También señaló que la participación de firmas chinas podría generar tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la revisión del T-MEC.

Diferencias en las propuestas económicas

El promedio de las ofertas presentadas por los siete participantes asciende a 6 mil 702 millones de pesos. Sin embargo, las propuestas de los consorcios con participación china se ubican considerablemente por debajo de ese monto.

El Grupo III registró una propuesta de 5 mil 410 millones de pesos, equivalente a 19% menos que el promedio, mientras que el Grupo VII presentó una oferta de 5 mil 647 millones de pesos, es decir, 16% inferior. De acuerdo con empresarios del sector, estos montos resultan difíciles de igualar bajo las condiciones actuales del mercado mexicano.

En contraste, las ofertas más altas fueron presentadas por compañías con capital mayoritariamente nacional o con amplia presencia en el país. Entre ellas se encuentran ICA Constructora (7 mil 783 millones de pesos), La Peninsular (7 mil 499 millones) y Constructora de Proyectos Viales de México (7 mil 063 millones).

También participaron Recal Estructuras, con 6 mil 767 millones de pesos, y Mota-Engil México, con 6 mil 743 millones.

Las propuestas ya fueron resguardadas por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), organismo descentralizado de la SICT encargado de evaluar las ofertas. El resultado definitivo de la licitación se dará a conocer el lunes 9 de marzo de 2026 a las 17:00 horas, mediante la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

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INE organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).

En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.

En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.

¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?

El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)

Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.

Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.

La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.

En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.

De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.

El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.

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