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P Diddy fue absuelto de los cargos que lo llevarían a prisión vitalicia

P Diddy fue declarado culpable únicamente por transporte con fines de prostitución; aún no ha sido liberado por las autoridades.

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El rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs o P Diddy fue absuelto de los cargos por tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión, según resolvió un jurado en Nueva York tras 13 horas de deliberación.

Sin embargo, fue declarado culpable del delito de transporte con fines de prostitución, en relación con el traslado de personas. Entre las que se incluyen algunas de sus parejas y trabajadoras sexuales, para participar en encuentros sexuales.

P Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrentaba cuatro cargos. Que eran, conspiración para extorsionar, tráfico sexual mediante coerción, fraude o fuerza, y transporte para ejercer prostitución.

La defensa argumentó que las relaciones sexuales fueron consentidas. Y a pesar de que existieron actos de violencia, estos correspondían a dinámicas de violencia doméstica, no al tipo penal de tráfico sexual.

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El jurado no obtuvo pruebas suficientes para condenar a P Diddy

Por su parte, la acusación sostuvo que Combs abusó de su posición de poder, ejerció fuerza física y empleó drogas para controlar y coaccionar a las víctimas. No obstante, el jurado, conformado por ocho hombres y cuatro mujeres, no encontró pruebas suficientes para condenarlo por los cargos más graves.

Tras conocer el veredicto, el artista se mostró visiblemente aliviado, se arrodilló en la sala y agradeció a Dios, además de expresar gratitud al jurado.

Aunque fue exonerado de los principales cargos, aún permanece bajo custodia. Se espera que en las próximas horas el tribunal determine si podrá quedar en libertad condicional o bajo fianza.

“El jurado le ha devuelto la vida al Sr. Combs. Él respetará todas las condiciones impuestas por este tribunal”, declaró su equipo legal.

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Señalamientos de corrupción al interior del INE y organismos públicos locales electorales

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INE organismos públicos locales electorales

Saltillo, Coahuila, marzo 3, 2026 — Diversas denuncias internas y testimonios de proveedores que pidieron el anonimato denuncian presuntas irregularidades en procesos de contratación vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLEs).

En el centro de los señalamientos se encuentra el consejero presidente del OPLE de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, a quien se atribuye el presunto favorecimiento de contratos de material y documentación electoral a TOL Producciones S.A. de C.V., empresa vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que son investigados por encabezar desde hace años empresas fantasma que han sido favorecidas recurrentemente por la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei.

Las versiones sostienen que estas decisiones responderían a una dinámica de influencia relacionada con la consejera presidenta del INE.

En notas periodísticas se menciona a Corporativo ZEG S.A. de C.V. y a Cajas Graf S.A. de C.V., empresas de los hermanos Hernández actualmente intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmas que entre 2018 y 2023 habrían acumulado contratos por más de $657 millones de pesos en distintos institutos electorales estatales.

¿Guadalupe Taddei adjudicará licitación en OPLE Coahuila?

El 15 de Abril del 2025 la Dirección Ejecutiva de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE penalizó a TOL Producciones, y Cajas GRAF, S.A. de C.V., por más de $4.5 millones de pesos por incumplimientos al contrato Contrato INE/007/2025 relativo a la adquisición de materiales electorales (Urna Electoral Genérica y Mampara Especial)

Las denuncias describen un posible patrón de concentración administrativa basado en asignaciones discrecionales, centralización de decisiones en áreas financieras y sustitución de perfiles técnicos por funcionarios políticamente alineados.

Este esquema, advierten fuentes del sector, debilita la autonomía técnica de los órganos electorales, incrementar riesgos financieros y erosionar la confianza pública en la cadena de custodia de materiales comiciales.

La salida reciente de funcionarios en áreas contables y administrativas durante 2025 ha sido interpretada internamente como reflejo de tensiones y desacuerdos con nuevos mecanismos de gestión.

En paralelo, especialistas han señalado cambios en la licitación LP-INE-033/2025 para la producción de credenciales para votar, con requisitos técnicos más restrictivos y un incremento significativo en los costos unitarios de ciertos componentes tecnológicos, sin que exista hasta ahora una explicación pública detallada.

De confirmarse estas tendencias, el impacto podría traducirse en mayores costos para el erario, menor competencia efectiva y dependencia tecnológica en la antesala del proceso electoral de 2027.

El caso, sostienen voces internas, ameritaría una revisión técnica independiente que garantice transparencia, competencia equitativa y la preservación de la autonomía del árbitro electoral mexicano.

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